La promesa incumplida de gobernar sin corrupción
corrupción es un problema estructural; sabemos que no se trata solo de “dos o tres manzanas podridas”, sino que es una industria muy bien aceitada con entramados a su servicio en el sector público y privado. Sin embargo, esta no puede seguir siendo la razón para que los gobiernos no asuman la responsabilidad y tomen las medidas que les corresponden. Aunque la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentamos actualmente, la respuesta desde el Estado, los entes de control y la sociedad misma no se corresponde con los daños, afectaciones y víctimas que ha dejado este fenómeno. El informe Así se mueve la corrupción: Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia, publicada por Transparencia por Colombia –TPC–, muestra que entre 2016 y 2022 fueron documentados 1.243 hechos de corrupción en la prensa nacional y regional. Una cifra vergonzosa e indignante. En sus periodos como congresista, el actual presidente Gustavo Petro fue contundente y enérgico al denunciar y condenar los hechos de corrupción que se presentaban en el país. Con estos antecedentes y su claridad sobre esta problemática, esperábamos determinación y carácter de su parte para enfrentar este flagelo. Sin embargo, desde la campaña electoral se identificaron mensajes contradictorios cuando el entonces candidato exponía su inquebrantable compromiso con la lucha anticorrupción, pero se aliaba con políticos clientelistas, de dudoso pasado e involucrados en investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción. Desde ese momento empezaron a avizorarse las posibles consecuencias que tendrían las alianzas y acuerdos que se realizaban con personajes de la política tradicional. Ya en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 pudimos ver que la lucha contra la corrupción no era un compromiso central de este gobierno, como se había planteado en la campaña. El tema no hizo parte de los diálogos regionales vinculantes, así que la ciudadanía no tuvo la oportunidad de exponer sus opiniones, expectativas y recomendaciones al respecto; además, otros espacios que se habilitaron para su discusión tuvieron resistencia por parte de algunos funcionarios. Pese a esto, y gracias a la incidencia de las organizaciones sociales que trabajan en este campo, el PND aprobado incluyó la estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, la ampliación de iniciativas anticorrupción a nivel territorial y medidas de transparencia para el sector ambiental y de defensa. Desafortunadamente, la aprobación del PND y las medidas de transparencia incluidas (con muy pocos avances hasta la fecha) coincidieron con la cascada de escándalos de posibles hechos de corrupción en el Gobierno. De esta manera, el discurso que sobresalió en la campaña ha perdido fuerza en la agenda nacional y ha disminuido la credibilidad del presidente y su círculo más cercano. Las situaciones que hasta ahora han provocado mayor impacto son, por lo menos, cuatro: Frente a la gravedad de estos hechos, el presidente envía mensajes confusos. Por un lado, reacciona públicamente frente a algunos asuntos, como los relacionados con la UNGRD, exigiendo “que se devuelva hasta el último peso”; pero, por otro, descalifica denuncias, justifica hechos, evade responsabilidades y atribuye culpas a gobiernos anteriores. Lo que ha dicho y hecho hasta el momento es insuficiente para enfrentar la dimensión de lo que está sucediendo. Y para hacer más preocupante este panorama, continúa vinculando a personas implicadas en posibles casos de corrupción en distintos cargos importantes de varias carteras. Después de la cuestionada alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, que hasta el momento tiene alrededor de veinte denuncias e investigaciones en curso, resulta incompresible que diez personas que hicieron parte de esa administración, y que actualmente tienen procesos abiertos por parte de los entes de control, estén hoy en diferentes instancias del Gobierno Nacional. Por supuesto que creemos en la presunción de inocencia y el debido proceso, pero nos preguntamos a qué obedece la decisión de nombrar en cargos directivos a personas con investigaciones activas. La gama de delitos por los que se les acusa es amplia: cambio en objeto y/o estatutos y procesos de contratación y aumento de los montos para contratación directa hasta en un 50%, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado en la modalidad de tentativa, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y celebración de contratos “corbata”, irregularidades en las adecuaciones que se hicieron en la Clínica de la 80, irregularidades en el manejo del Presupuesto Participativo, utilización de la modalidad de convenios interadministrativos con las entidades del conglomerado público para evadir cumplimiento de requisitos, subcontratar organizaciones que no cumplían con los requisitos exigidos, desviar y apropiarse de recursos, entre otros. ¿Por qué el presidente decide rodearse de estas personas para llevar a cabo sus propuestas de cambio? Esta situación, además de contradictoria, le aporta muy poco al Gobierno Nacional en momentos en los que requiere demostrar su apuesta por la transparencia. La corrupción es un obstáculo concreto y transversal que afecta el buen funcionamiento de las políticas nacionales, departamentales y municipales. Además de ser un problema ético, es también una grave amenaza que incide negativamente en el desarrollo económico y social del país y que produce graves daños y afectaciones a los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más pobres o vulnerables, a quienes históricamente se les ha negado la posibilidad de tener una vida digna. En un país altamente inequitativo como el nuestro, la corrupción profundiza las desigualdades y las brechas sociales, por lo tanto, ningún proyecto político que busque mayor justicia e igualdad de derechos puede cumplir su propósito sin combatir a fondo las causas estructurales que la generan y los factores asociados que la reproducen. La situación que atraviesa el país requiere que el ejecutivo asuma un liderazgo activo y comprometido, que involucre a todas las ramas del poder público, que fortalezca las capacidades institucionales para combatir los grandes entramados criminales que hacen presencia en las distintas esferas del gobierno, que implemente las estrategias requeridas para prevenir futuros hechos y que posibilite que las investigaciones avancen y los responsables sean judicializados. Este gobierno aún tiene la posibilidad de asumir la responsabilidad política que le
La verdad, una apuesta vigente de lento avance
Es momento de unirnos como sociedad y hacer hoy lo que no hicimos en el pasado: exigir que se detenga la guerra y sumarnos a la construcción de una Paz Grande que llegue a todos los rincones del país.
Hacia un Pacto Nacional por la Educación
organizaciones de la sociedad civil que por décadas hemos denunciado como la exclusión y la desigualdad educativa profundizan la pobreza, impiden la movilidad social, alimentan las conflictividades armadas y desestimulan el ejercicio pleno de la ciudadanía, hoy celebramos con alegría y esperanza la aprobación en segundo debate en la Cámara de Representantes de la ponencia de la ley estatutaria que regula el Derecho a la Educación en Colombia. Con esta ley se cumple una promesa hecha hace 30 años —desde la Ley General de Educación—, ya que sintetiza una extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional, aporta seguridad jurídica a los avances sociales, culturales y políticos sobre el contenido del derecho y, especialmente, concreta en garantías las aspiraciones de la sociedad colombiana sobre la educación que desea. El proceso de diseño de la ley ha sido reconocido —inclusive por quienes han tomado distancia de su sentido y estructura—, por su amplia participación, a través de mesas de trabajo sectoriales y poblacionales, formularios en línea y audiencias públicas regionales en las que se recogieron propuestas de modificación, inclusión o eliminación de artículos. En la Cámara de Representantes, por ejemplo, fueron radicadas más de 300 proposiciones entre la primera y segunda ponencia, lo que demuestra que el ejercicio mismo de construcción representó, y lo sigue haciendo, una expresión de la movilización ciudadana. La ley estatutaria define la educación inicial (Art. 15), la educación básica (Art. 16), la educación media (Art. 17) y la educación superior (Art. 18) como derecho fundamental. Y así, busca transformar realidades tan vergonzosas como que de cada 100 niños y niñas que ingresan a primaria, solo 44 estudiantes culminen el grado 11, y apenas 39 logren acceder a la educación superior. Revertir esta situación de exclusión es posible desde un sistema educativo articulado, con enfoque territorial y centrado en el cierre de brechas entre lo rural y lo urbano, y en la eliminación de obstáculos para el acceso, la calidad y la permanencia de poblaciones discriminadas o marginadas, entre las que están víctimas del conflicto armado, excombatientes y personas privadas de la libertad, entre otras. Precisamente esta es la dirección en la que la ley propone avanzar cuando plantea que “el Estado y todas sus autoridades en todos los niveles promoverá las condiciones e infraestructuras necesarias para el cierre de brechas de forma real y efectiva a favor de grupos discriminados o marginados en los diferentes niveles, tipos, modalidades y formas de educación”. (Artículo 19°). Pero no se queda allí, fruto del proceso de participación incorpora en su articulado el derecho fundamental a la educación del campesinado y personas en la ruralidad, vistos como sujetos de especial protección y reconociendo “sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, migratorias, organizativas, culturales y turísticas que los distinguen de otros grupos sociales”. (Art. 20) Por supuesto, este proyecto de ley tiene algunos aspectos que aún es necesario debatir y mejorar. Llama la atención, por ejemplo, la mirada sobre las víctimas del conflicto armado interno y su derecho a la educación. En este punto consideramos que el texto se queda corto en su definición, pues no integra los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad, el cual define y documenta, como ya otras organizaciones lo habíamos hecho, que la educación como bien público ha sido víctima de la guerra. En consecuencia, se precisaría de una estrategia de reparación transformadora que proteja social y culturalmente a la educación. De igual manera, se extraña que no mencione la declaración de Escuelas Seguras como mecanismo de acción concreta para proteger las I.E. en contextos de confrontación armada. Otras de las críticas al documento presentado por el Ministerio de Educación se centran en que este no permite diferenciar entre las obligaciones que el Estado debe asumir de manera inmediata para avanzar en la garantía integral de este derecho, y aquellas que podría ir cumpliendo de manera progresiva. En este cuestionamiento está en juego la definición y alcance de lo que se ha denominado “el núcleo esencial del derecho a la educación”. Por ello consideramos que es posible precisar los planteamientos del proyecto de ley, acudiendo a la normatividad internacional y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los cuales se ofrecen lineamientos para tomar este tipo de decisiones delimitando los alcances del derecho y sus ámbitos de aplicación. Con relación al tema de la financiación también se han suscitado muchas discusiones. Aunque es claro que por el carácter estatutario de esta ley no se precisa un concepto fiscal, se mantiene la pregunta por los efectos presupuestales que pueden generar las normas, programas o proyectos que se requieran para su implementación. Dado que esta no es una reflexión menor, sería muy importante que los ministerios de Educación y Hacienda habilitaran espacios para analizar en detalle los temas relacionados con los costos, los recursos disponibles y la sostenibilidad de la ley. Esto por supuesto, sin perder de vista que una de las obligaciones clave del componente de Asequibilidad es realizar un máximo esfuerzo presupuestal, teniendo presente lo que ha reiterado innumerables veces la Comisión Colombiana por el Derecho a la Educación: sin justicia fiscal no hay derecho a la educación. Estos y otros aspectos que desde distintos sectores se han planteado aún pueden ser discutidos y concertados en los debates que la ley debe surtir en el Senado; sin embargo, estamos ante un gran riesgo, y es que no se logre adelantar este trámite antes de finalizar esta legislatura el próximo 20 de junio, lo que ocasionaría el archivo de esta importante iniciativa, limitando a la población el acceso pleno a este derecho fundamental. Como muchos analistas han dicho, la concreción y aprobación de la ley estatutaria demostraría que podemos trabajar desde las diferencias por objetivos superiores, que todavía como sociedad podemos encontrar sentidos comunes y proyectos de país que nos congreguen. Convencidos de esto nos sumamos al llamado de las organizaciones sociales y entidades que trabajan por la educación en el país para concertar un Pacto Nacional por la Educación* , que posibilite que se
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