Democracia y ciudadanías: Balance de derechos y libertades en Medellín
Este libro presenta un análisis crítico del estado de los derechos y libertades en Medellín, abordando dimensiones civiles, políticas, sociales y culturales.
A partir de una alianza entre tres ONG —Corporación Viva la Ciudadanía, Corporación Región y Escuela Nacional Sindical— se propone evaluar la calidad de la democracia y la ciudadanía en la ciudad.
El texto destaca la exclusión, desigualdad y fragmentación social como signos de una democracia de baja intensidad. Se plantea la necesidad de ampliar y profundizar la participación ciudadana, fortalecer el Estado, redistribuir la riqueza y promover el reconocimiento de la diversidad cultural, de género y social.
El enfoque busca construir una ciudadanía plural y activa como respuesta a la crisis ética, política y económica que atraviesa Medellín.
Ni de los combos ni del Gobierno Nacional, la paz urbana es de la ciudadanía
“Construir la paz implica definir, posicionar e implementar una agenda social que posibilite transformaciones territoriales concretas, en la que se priorice la protección de la vida y la integridad física de todas las personas…”
Entre la urgencia de cambio y la defensa de las instituciones: las encrucijadas de la democracia colombiana
“El precario equilibrio entre la necesidad de las reformas y el cauce democrático de su búsqueda, requiere el fortalecimiento de una esfera pública que trascienda la polarización y permita debates sustantivos sobre el modelo de sociedad que queremos…”
Más allá de USAID: La pregunta por la sostenibilidad de las organizaciones Sociales en Colombia
invitamos a considerar esta coyuntura como una oportunidad para poner en la agenda pública la pregunta por la sostenibilidad de las organizaciones sociales. ¿Qué pasa si la situación financiera continúa agravándose y muchas más organizaciones debemos cerrar?
Somos un actor político
En los últimos años hemos visto con preocupación cómo ha ganado terreno en la ciudad una narrativa que busca posicionar posturas neutrales frente a los temas de interés común que nos convocan como ciudadanía activa, despolitizando el debate público. En espacios sociales, académicos, culturales e institucionales, escuchamos reiterados llamados a dejar de lado las posiciones políticas y a actuar con criterios meramente técnicos, lineamientos jurídicos y marcos teóricos, buscando evitar que los escenarios colectivos se vean afectados con discusiones y tensiones que algunos consideran innecesarias. Bajo estas miradas, la política es exclusivamente electoral y partidista, y ponerla en el centro nos lleva a debates que conducen a callejones oscuros y riesgosos que pueden dividirnos como sociedad. Región se aparta de esas consideraciones. En la antigua Grecia, cuna de la democracia, la política estaba relacionada con la “cosa pública”; las personas se reunían a debatir y a tomar decisiones sobre los asuntos de interés común de toda la sociedad, y esa práctica de juntarse con otros para decidir el destino de la ciudad era considerada un arte. Hannah Arendt nos plantea que “la política es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto en lo individual como en lo social”, y señala que “puede ser una forma de ejercicio de la libertad”. Castoriadis, por su parte, nos recuerda que la política emerge cuando los asuntos comunes y los acuerdos normativos que nos permiten vivir en comunidad se convierten en objeto de una actividad colectiva explícita, tan reflexiva y lúcida como sea posible. Estos son solo algunos referentes de los muchos con los que hemos construido la identidad de Región, entendiendo así que la política no se agota en la gestión del poder o de las instituciones existentes, y que ella se juega sus mayores apuestas en la capacidad colectiva de cuestionar y reformular el orden establecido. En su práctica, Región ha asumido la política como la posibilidad de construir colectivamente una sociedad en la que prime el bien común y todas las personas puedan vivir dignamente. Por esto mismo tenemos la convicción de que la acción política no es exclusiva del Estado, ni patrimonio de los gobernantes de turno o de los partidos en que se organizan, y mucho menos que se reduce o agote en las campañas electorales. Quienes hacemos parte de la Corporación, cremos que la política implica a todas las personas y nos pertenece como sociedad, como sujetos políticos, como organizaciones que apostamos por el fortalecimiento de la democracia y el cuidado de lo público. Sabemos bien que el elemento esencial de la política es la palabra, por lo tanto, el debate de las ideas se convierte en una estrategia central de la acción colectiva y esto implica develar las posturas y los propósitos con los que cada actor se mueve en lo público, pues la deliberación no permite la neutralidad. Tener una posición política es asumir un lugar, defenderlo y promoverlo con convicción. Y al parecer esto es lo que a veces se desea evitar en algunos espacios de ciudad, como si fuera posible participar en proyectos comunes sin develar los intereses y los enfoques que orientan el quehacer de cada individuo y colectividad. Sin duda una clara contradicción política. Consideramos que, el interés de despolitizar el debate público por temor a que se visibilicen las diferencias entre los distintos sectores de la ciudadanía y de las organizaciones que la conforman, limita la posibilidad de que todos los actores participemos en las decisiones que nos afectan directamente y favorece a quienes ostentan el poder local en sus distintas expresiones, privilegiando los intereses particulares sobre el bienestar colectivo. En la Corporación Región tenemos una postura política declarada a favor de la justicia, la paz, la garantía de las libertades, los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Con nuestro trabajo buscamos el cierre de brechas sociales, económicas y culturales, la superación de la pobreza y la redistribución de la riqueza. Nos interesa debatir el modelo de ciudad, el modelo de desarrollo y el paradigma económico que por años ha generado desigualdad y exclusión, y ayudar a construir una sociedad en la que todas las personas puedan tener una vida buena. Durante 35 años hemos promovido el trabajo colectivo y hemos considerado fundamental la articulación a iniciativas de las que participan actores diversos que piensan, opinan y comprenden el mundo de manera distinta a la nuestra, asumiéndoles como interlocutores válidos y reconociendo que la gestión de la ciudad y la región debe incluir múltiples voces. Sin embargo, esta disposición a construir con y desde la diferencia no implica una renuncia a nuestras posturas. En todos los escenarios siempre planteamos con claridad nuestras posiciones y reivindicamos nuestra autonomía, y ante el panorama actual, nuevamente nos parece primordial reiterar que no nos interesa sumarnos a la tendencia de despolitizar el discurso y el debate público, porque no somos neutrales. Somos un actor político y lo seguiremos siendo mientras existamos.
La promesa incumplida de gobernar sin corrupción
corrupción es un problema estructural; sabemos que no se trata solo de “dos o tres manzanas podridas”, sino que es una industria muy bien aceitada con entramados a su servicio en el sector público y privado. Sin embargo, esta no puede seguir siendo la razón para que los gobiernos no asuman la responsabilidad y tomen las medidas que les corresponden. Aunque la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentamos actualmente, la respuesta desde el Estado, los entes de control y la sociedad misma no se corresponde con los daños, afectaciones y víctimas que ha dejado este fenómeno. El informe Así se mueve la corrupción: Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia, publicada por Transparencia por Colombia –TPC–, muestra que entre 2016 y 2022 fueron documentados 1.243 hechos de corrupción en la prensa nacional y regional. Una cifra vergonzosa e indignante. En sus periodos como congresista, el actual presidente Gustavo Petro fue contundente y enérgico al denunciar y condenar los hechos de corrupción que se presentaban en el país. Con estos antecedentes y su claridad sobre esta problemática, esperábamos determinación y carácter de su parte para enfrentar este flagelo. Sin embargo, desde la campaña electoral se identificaron mensajes contradictorios cuando el entonces candidato exponía su inquebrantable compromiso con la lucha anticorrupción, pero se aliaba con políticos clientelistas, de dudoso pasado e involucrados en investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción. Desde ese momento empezaron a avizorarse las posibles consecuencias que tendrían las alianzas y acuerdos que se realizaban con personajes de la política tradicional. Ya en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 pudimos ver que la lucha contra la corrupción no era un compromiso central de este gobierno, como se había planteado en la campaña. El tema no hizo parte de los diálogos regionales vinculantes, así que la ciudadanía no tuvo la oportunidad de exponer sus opiniones, expectativas y recomendaciones al respecto; además, otros espacios que se habilitaron para su discusión tuvieron resistencia por parte de algunos funcionarios. Pese a esto, y gracias a la incidencia de las organizaciones sociales que trabajan en este campo, el PND aprobado incluyó la estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, la ampliación de iniciativas anticorrupción a nivel territorial y medidas de transparencia para el sector ambiental y de defensa. Desafortunadamente, la aprobación del PND y las medidas de transparencia incluidas (con muy pocos avances hasta la fecha) coincidieron con la cascada de escándalos de posibles hechos de corrupción en el Gobierno. De esta manera, el discurso que sobresalió en la campaña ha perdido fuerza en la agenda nacional y ha disminuido la credibilidad del presidente y su círculo más cercano. Las situaciones que hasta ahora han provocado mayor impacto son, por lo menos, cuatro: Frente a la gravedad de estos hechos, el presidente envía mensajes confusos. Por un lado, reacciona públicamente frente a algunos asuntos, como los relacionados con la UNGRD, exigiendo “que se devuelva hasta el último peso”; pero, por otro, descalifica denuncias, justifica hechos, evade responsabilidades y atribuye culpas a gobiernos anteriores. Lo que ha dicho y hecho hasta el momento es insuficiente para enfrentar la dimensión de lo que está sucediendo. Y para hacer más preocupante este panorama, continúa vinculando a personas implicadas en posibles casos de corrupción en distintos cargos importantes de varias carteras. Después de la cuestionada alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, que hasta el momento tiene alrededor de veinte denuncias e investigaciones en curso, resulta incompresible que diez personas que hicieron parte de esa administración, y que actualmente tienen procesos abiertos por parte de los entes de control, estén hoy en diferentes instancias del Gobierno Nacional. Por supuesto que creemos en la presunción de inocencia y el debido proceso, pero nos preguntamos a qué obedece la decisión de nombrar en cargos directivos a personas con investigaciones activas. La gama de delitos por los que se les acusa es amplia: cambio en objeto y/o estatutos y procesos de contratación y aumento de los montos para contratación directa hasta en un 50%, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado en la modalidad de tentativa, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y celebración de contratos “corbata”, irregularidades en las adecuaciones que se hicieron en la Clínica de la 80, irregularidades en el manejo del Presupuesto Participativo, utilización de la modalidad de convenios interadministrativos con las entidades del conglomerado público para evadir cumplimiento de requisitos, subcontratar organizaciones que no cumplían con los requisitos exigidos, desviar y apropiarse de recursos, entre otros. ¿Por qué el presidente decide rodearse de estas personas para llevar a cabo sus propuestas de cambio? Esta situación, además de contradictoria, le aporta muy poco al Gobierno Nacional en momentos en los que requiere demostrar su apuesta por la transparencia. La corrupción es un obstáculo concreto y transversal que afecta el buen funcionamiento de las políticas nacionales, departamentales y municipales. Además de ser un problema ético, es también una grave amenaza que incide negativamente en el desarrollo económico y social del país y que produce graves daños y afectaciones a los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más pobres o vulnerables, a quienes históricamente se les ha negado la posibilidad de tener una vida digna. En un país altamente inequitativo como el nuestro, la corrupción profundiza las desigualdades y las brechas sociales, por lo tanto, ningún proyecto político que busque mayor justicia e igualdad de derechos puede cumplir su propósito sin combatir a fondo las causas estructurales que la generan y los factores asociados que la reproducen. La situación que atraviesa el país requiere que el ejecutivo asuma un liderazgo activo y comprometido, que involucre a todas las ramas del poder público, que fortalezca las capacidades institucionales para combatir los grandes entramados criminales que hacen presencia en las distintas esferas del gobierno, que implemente las estrategias requeridas para prevenir futuros hechos y que posibilite que las investigaciones avancen y los responsables sean judicializados. Este gobierno aún tiene la posibilidad de asumir la responsabilidad política que le
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