Desigualdad – Corporación Región

La exclusión social y la desigualdad en Medellín Sus dimensiones objetivas y subjetivas

Este libro analiza la exclusión social y la desigualdad en Medellín desde una perspectiva integral, abordando tanto sus dimensiones objetivas (como el acceso desigual a bienes, servicios y oportunidades) como sus dimensiones subjetivas (las percepciones, experiencias y sentimientos asociados a la exclusión). A través de una combinación de datos cuantitativos y cualitativos, la obra evidencia cómo estas problemáticas afectan de manera diferenciada a distintos grupos sociales y territorios de la ciudad. El texto ofrece herramientas analíticas para comprender las raíces estructurales de la desigualdad y propone lineamientos para la formulación de políticas públicas más justas e incluyentes. Es un aporte valioso para investigadores, gestores públicos, organizaciones sociales y demás actores comprometidos con la equidad y el desarrollo social en contextos urbanos complejos.

La promesa incumplida de gobernar sin corrupción

corrupción es un problema estructural; sabemos que no se trata solo de “dos o tres manzanas podridas”, sino que es una industria muy bien aceitada con entramados a su servicio en el sector público y privado. Sin embargo, esta no puede seguir siendo la razón para que los gobiernos no asuman la responsabilidad y tomen las medidas que les corresponden. Aunque la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentamos actualmente, la respuesta desde el Estado, los entes de control y la sociedad misma no se corresponde con los daños, afectaciones y víctimas que ha dejado este fenómeno. El informe Así se mueve la corrupción: Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia, publicada por Transparencia por Colombia –TPC–, muestra que entre 2016 y 2022 fueron documentados 1.243 hechos de corrupción en la prensa nacional y regional. Una cifra vergonzosa e indignante. En sus periodos como congresista, el actual presidente Gustavo Petro fue contundente y enérgico al denunciar y condenar los hechos de corrupción que se presentaban en el país. Con estos antecedentes y su claridad sobre esta problemática, esperábamos determinación y carácter de su parte para enfrentar este flagelo. Sin embargo, desde la campaña electoral se identificaron mensajes contradictorios cuando el entonces candidato exponía su inquebrantable compromiso con la lucha anticorrupción, pero se aliaba con políticos clientelistas, de dudoso pasado e involucrados en investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción. Desde ese momento empezaron a avizorarse las posibles consecuencias que tendrían las alianzas y acuerdos que se realizaban con personajes de la política tradicional. Ya en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 pudimos ver que la lucha contra la corrupción no era un compromiso central de este gobierno, como se había planteado en la campaña. El tema no hizo parte de los diálogos regionales vinculantes, así que la ciudadanía no tuvo la oportunidad de exponer sus opiniones, expectativas y recomendaciones al respecto; además, otros espacios que se habilitaron para su discusión tuvieron resistencia por parte de algunos funcionarios. Pese a esto, y gracias a la incidencia de las organizaciones sociales que trabajan en este campo, el PND aprobado incluyó la estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, la ampliación de iniciativas anticorrupción a nivel territorial y medidas de transparencia para el sector ambiental y de defensa. Desafortunadamente, la aprobación del PND y las medidas de transparencia incluidas (con muy pocos avances hasta la fecha) coincidieron con la cascada de escándalos de posibles hechos de corrupción en el Gobierno. De esta manera, el discurso que sobresalió en la campaña ha perdido fuerza en la agenda nacional y ha disminuido la credibilidad del presidente y su círculo más cercano. Las situaciones que hasta ahora han provocado mayor impacto son, por lo menos, cuatro: Frente a la gravedad de estos hechos, el presidente envía mensajes confusos. Por un lado, reacciona públicamente frente a algunos asuntos, como los relacionados con la UNGRD, exigiendo “que se devuelva hasta el último peso”; pero, por otro, descalifica denuncias, justifica hechos, evade responsabilidades y atribuye culpas a gobiernos anteriores. Lo que ha dicho y hecho hasta el momento es insuficiente para enfrentar la dimensión de lo que está sucediendo. Y para hacer más preocupante este panorama, continúa vinculando a personas implicadas en posibles casos de corrupción en distintos cargos importantes de varias carteras. Después de la cuestionada alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, que hasta el momento tiene alrededor de veinte denuncias e investigaciones en curso, resulta incompresible que diez personas que hicieron parte de esa administración, y que actualmente tienen procesos abiertos por parte de los entes de control, estén hoy en diferentes instancias del Gobierno Nacional. Por supuesto que creemos en la presunción de inocencia y el debido proceso, pero nos preguntamos a qué obedece la decisión de nombrar en cargos directivos a personas con investigaciones activas. La gama de delitos por los que se les acusa es amplia: cambio en objeto y/o estatutos y procesos de contratación y aumento de los montos para contratación directa hasta en un 50%, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado en la modalidad de tentativa, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y celebración de contratos “corbata”, irregularidades en las adecuaciones que se hicieron en la Clínica de la 80, irregularidades en el manejo del Presupuesto Participativo, utilización de la modalidad de convenios interadministrativos con las entidades del conglomerado público para evadir cumplimiento de requisitos, subcontratar organizaciones que no cumplían con los requisitos exigidos, desviar y apropiarse de recursos, entre otros. ¿Por qué el presidente decide rodearse de estas personas para llevar a cabo sus propuestas de cambio? Esta situación, además de contradictoria, le aporta muy poco al Gobierno Nacional en momentos en los que requiere demostrar su apuesta por la transparencia. La corrupción es un obstáculo concreto y transversal que afecta el buen funcionamiento de las políticas nacionales, departamentales y municipales. Además de ser un problema ético, es también una grave amenaza que incide negativamente en el desarrollo económico y social del país y que produce graves daños y afectaciones a los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más pobres o vulnerables, a quienes históricamente se les ha negado la posibilidad de tener una vida digna. En un país altamente inequitativo como el nuestro, la corrupción profundiza las desigualdades y las brechas sociales, por lo tanto, ningún proyecto político que busque mayor justicia e igualdad de derechos puede cumplir su propósito sin combatir a fondo las causas estructurales que la generan y los factores asociados que la reproducen. La situación que atraviesa el país requiere que el ejecutivo asuma un liderazgo activo y comprometido, que involucre a todas las ramas del poder público, que fortalezca las capacidades institucionales para combatir los grandes entramados criminales que hacen presencia en las distintas esferas del gobierno, que implemente las estrategias requeridas para prevenir futuros hechos y que posibilite que las investigaciones avancen y los responsables sean judicializados. Este gobierno aún tiene la posibilidad de asumir la responsabilidad política que le

2021: un año de grandes retos para la democracia

Recibimos el año con noticias poco alentadoras para el país: se recrudecen las violencias, el COVID-19 y la poca claridad sobre el proceso de vacunación, representan un enorme problema de salud pública; aumentan los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz, se debilita aún más la democracia y se incrementa la vulneración de los derechos humanos con algunas de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia; todo esto y el año preelectoral, configuran un complejo panorama que amerita reflexión sobre los principales retos que como sociedad civil tendremos que encarar en el 2021. Los riesgos de un nuevo ciclo de violencia en ColombiaLas advertencias sobre la reconfiguración de un nuevo ciclo de violencia en el país, lamentablemente, se han venido cumpliendo. Junto con la expansión de la presencia y las disputas entre diferentes grupos armados en cerca del 25% del territorio nacional, crece la violencia generalizada: solo en enero se cometieron seis masacres, fueron asesinados catorce líderes y lideresas sociales, y cinco ex integrantes de las Farc. Es alto el riesgo de fracaso del Acuerdo de Paz, pues se trata de una implementación integral, no sólo de unas cuantas garantías formales para quienes se desmovilizaron. El Acuerdo tiene seis puntos cuya estructura es complementaria, no se puede desarticular sin afectar su esencia, atendiendo solo componentes inocuos. Las apuestas con mayor potencial democratizador están en temas como tierra, lucha contra el narcotráfico, democracia y especialmente, víctimas, y entre más se esfuman las acciones, más difícil será retomar su sentido. Además de defender la implementación integral del Acuerdo, es necesario recordar que éste, es el último año de labores de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, su informe se entregará al país a finales del mes de noviembre. Desde ya, debemos intensificar los esfuerzos para acompañar la producción final y definir las acciones para su apropiación social, éste es un insumo muy importante, pues con la publicación, se abre una nueva fase en la disputa por la verdad de lo vivido en el país en los últimos años y en esa medida, nuestro deber como sociedad civil organizada, es trabajar por su difusión y uso, así como por el cumplimiento de sus recomendaciones. Enfrentar la pandemia requiere medidas urgentes en clave de derechos humanosMuchas personas han vivido la destrucción de su economía familiar como consecuencia del Covid. En medio de la enorme incertidumbre mundial sobre la eficacia de los planes de vacunación y, ante las evidencias de variaciones en la cepa original, Colombia además de presentar altos niveles de contagio y muertes, ha sido errática en el proceso de adquisición de las vacunas, ratificando el déficit de una política seria de salud pública. A esto se suma la negativa a adoptar medidas que posibiliten aliviar la situación de las ciudadanías que cada día se enfrentan al dilema de quedarse en casa para cuidarse o arriesgarse al contagio en el rebusque y la supervivencia. No es solo cuestión de indisciplina, desorden o de conductas poco cívicas; para millones de personas que viven de empleos precarios e informales, la opción de encerrarse es una condena a morir de hambre con sus familias; por lo tanto, es necesario continuar promoviendo, desde las distintas plataformas sociales, la Renta Básica, los Sistemas de Cuidado, la garantía de condiciones de seguridad para prevenir y atender oportunamente el incremento de enfermedades mentales, y la violencia contra las mujeres en los hogares, y que se garanticen las condiciones necesarias para que todos los niños, niñas y jóvenes regresen pronto a la escuela. La defensa de la institucionalidad democráticaLa captura de las instituciones públicas por parte del Centro Democrático, obteniendo mayorías y nombrando sus más cercanos en la Corte Constitucional y en órganos como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría General y la Registraduría no es ni normal ni esperable en un sistema institucional como el que diseñó la Constitución Política del 91, basada en la independencia de los poderes, los controles mutuos, un sistema de pesos y contra pesos y el respeto por sus distintos ámbitos de competencias. Ganar las elecciones significa tener mayorías en el Congreso y por supuesto, ejercer el poder desde la Presidencia, genuina aspiración de cualquier partido político. Pero no es legítimo que con prácticas clientelistas y repartijas burocráticas, controlen todos los órganos del poder público, esto denota una vocación autoritaria y antidemocrática. Este año la defensa de la institucionalidad pública democrática debe estar en nuestra agenda para denunciar y evitar nuevos embates. Otro reto a enfrentar, es el proceso de revocatoria de algunos gobiernos locales como Bogotá y Medellín; este mecanismo de participación, es un derecho ciudadano que se debe garantizar; la figura se establece para revocar aquellos mandatarios que se aparten de manera ostensible del Plan de Desarrollo, aprobado en cada municipio. Pero es necesario evaluar su pertinencia, oportunidad y los intereses que los animan. En este momento parece un poco prematuro evaluar dicho cumplimiento, pues solo llevamos un año de mandato, el cual se ha dado en medio de la situación excepcional e inesperada de la pandemia, que comenzó en marzo del 2020. Ante esto, se requiere, de las organizaciones sociales, un ejercicio fuerte de pedagogía ciudadana sobre los propósitos del control social, de manera que se evite que este instrumento se convierta en dispositivo para sabotear la gobernabilidad, desde plataformas antidemocráticas de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022. Ejercicio pleno de las garantías democráticas en un año preelectoralUna de las expresiones más llamativas de las sociedades políticas contemporáneas, es una especie de estado de campaña electoral permanente. En nuestro caso, no bien había asumido el poder el presidente Iván Duque en 2018, y ya se comenzaban a alinear las fuerzas políticas para las elecciones del 2022. Esta dinámica tendrá mayor fuerza y visibilidad en este año preelectoral. Hay dos elementos centrales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos: primero, que la institucionalidad pública mantenga de manera inequívoca, absoluta neutralidad y transparencia y, dado el proceso de captura del

Una buena vida para todos y todas

“La auténtica riqueza o progreso de un país sólo puede plantearse centrando la mirada en el bienestar que poseen los individuos concretos de dicho Estado, revisando si existe justicia social, si todos y cada uno de los sujetos gozan de unos mínimos de calidad de vida, si no se limitan a sobrevivir, sino que disfrutan de lo que podríamos llamar una vida decente”. Martha Nussbaum.