Somos un actor político
En los últimos años hemos visto con preocupación cómo ha ganado terreno en la ciudad una narrativa que busca posicionar posturas neutrales frente a los temas de interés común que nos convocan como ciudadanía activa, despolitizando el debate público. En espacios sociales, académicos, culturales e institucionales, escuchamos reiterados llamados a dejar de lado las posiciones políticas y a actuar con criterios meramente técnicos, lineamientos jurídicos y marcos teóricos, buscando evitar que los escenarios colectivos se vean afectados con discusiones y tensiones que algunos consideran innecesarias. Bajo estas miradas, la política es exclusivamente electoral y partidista, y ponerla en el centro nos lleva a debates que conducen a callejones oscuros y riesgosos que pueden dividirnos como sociedad. Región se aparta de esas consideraciones. En la antigua Grecia, cuna de la democracia, la política estaba relacionada con la “cosa pública”; las personas se reunían a debatir y a tomar decisiones sobre los asuntos de interés común de toda la sociedad, y esa práctica de juntarse con otros para decidir el destino de la ciudad era considerada un arte. Hannah Arendt nos plantea que “la política es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto en lo individual como en lo social”, y señala que “puede ser una forma de ejercicio de la libertad”. Castoriadis, por su parte, nos recuerda que la política emerge cuando los asuntos comunes y los acuerdos normativos que nos permiten vivir en comunidad se convierten en objeto de una actividad colectiva explícita, tan reflexiva y lúcida como sea posible. Estos son solo algunos referentes de los muchos con los que hemos construido la identidad de Región, entendiendo así que la política no se agota en la gestión del poder o de las instituciones existentes, y que ella se juega sus mayores apuestas en la capacidad colectiva de cuestionar y reformular el orden establecido. En su práctica, Región ha asumido la política como la posibilidad de construir colectivamente una sociedad en la que prime el bien común y todas las personas puedan vivir dignamente. Por esto mismo tenemos la convicción de que la acción política no es exclusiva del Estado, ni patrimonio de los gobernantes de turno o de los partidos en que se organizan, y mucho menos que se reduce o agote en las campañas electorales. Quienes hacemos parte de la Corporación, cremos que la política implica a todas las personas y nos pertenece como sociedad, como sujetos políticos, como organizaciones que apostamos por el fortalecimiento de la democracia y el cuidado de lo público. Sabemos bien que el elemento esencial de la política es la palabra, por lo tanto, el debate de las ideas se convierte en una estrategia central de la acción colectiva y esto implica develar las posturas y los propósitos con los que cada actor se mueve en lo público, pues la deliberación no permite la neutralidad. Tener una posición política es asumir un lugar, defenderlo y promoverlo con convicción. Y al parecer esto es lo que a veces se desea evitar en algunos espacios de ciudad, como si fuera posible participar en proyectos comunes sin develar los intereses y los enfoques que orientan el quehacer de cada individuo y colectividad. Sin duda una clara contradicción política. Consideramos que, el interés de despolitizar el debate público por temor a que se visibilicen las diferencias entre los distintos sectores de la ciudadanía y de las organizaciones que la conforman, limita la posibilidad de que todos los actores participemos en las decisiones que nos afectan directamente y favorece a quienes ostentan el poder local en sus distintas expresiones, privilegiando los intereses particulares sobre el bienestar colectivo. En la Corporación Región tenemos una postura política declarada a favor de la justicia, la paz, la garantía de las libertades, los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Con nuestro trabajo buscamos el cierre de brechas sociales, económicas y culturales, la superación de la pobreza y la redistribución de la riqueza. Nos interesa debatir el modelo de ciudad, el modelo de desarrollo y el paradigma económico que por años ha generado desigualdad y exclusión, y ayudar a construir una sociedad en la que todas las personas puedan tener una vida buena. Durante 35 años hemos promovido el trabajo colectivo y hemos considerado fundamental la articulación a iniciativas de las que participan actores diversos que piensan, opinan y comprenden el mundo de manera distinta a la nuestra, asumiéndoles como interlocutores válidos y reconociendo que la gestión de la ciudad y la región debe incluir múltiples voces. Sin embargo, esta disposición a construir con y desde la diferencia no implica una renuncia a nuestras posturas. En todos los escenarios siempre planteamos con claridad nuestras posiciones y reivindicamos nuestra autonomía, y ante el panorama actual, nuevamente nos parece primordial reiterar que no nos interesa sumarnos a la tendencia de despolitizar el discurso y el debate público, porque no somos neutrales. Somos un actor político y lo seguiremos siendo mientras existamos.
Más justicia de género para la rama judicial
Este 8M, desde Región, hacemos un llamado a las entidades que conforman la rama judicial para que apliquen más justicia de género en las decisiones que las rigen internamente, eliminando las prácticas que violan los principios de igualdad y no discriminación y comprometiéndose con acciones afirmativas que reconozcan y promuevan las capacidades y competencias que tienen las mujeres que hacen parte de estas instancias.
2021: un año de grandes retos para la democracia
Recibimos el año con noticias poco alentadoras para el país: se recrudecen las violencias, el COVID-19 y la poca claridad sobre el proceso de vacunación, representan un enorme problema de salud pública; aumentan los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz, se debilita aún más la democracia y se incrementa la vulneración de los derechos humanos con algunas de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia; todo esto y el año preelectoral, configuran un complejo panorama que amerita reflexión sobre los principales retos que como sociedad civil tendremos que encarar en el 2021. Los riesgos de un nuevo ciclo de violencia en ColombiaLas advertencias sobre la reconfiguración de un nuevo ciclo de violencia en el país, lamentablemente, se han venido cumpliendo. Junto con la expansión de la presencia y las disputas entre diferentes grupos armados en cerca del 25% del territorio nacional, crece la violencia generalizada: solo en enero se cometieron seis masacres, fueron asesinados catorce líderes y lideresas sociales, y cinco ex integrantes de las Farc. Es alto el riesgo de fracaso del Acuerdo de Paz, pues se trata de una implementación integral, no sólo de unas cuantas garantías formales para quienes se desmovilizaron. El Acuerdo tiene seis puntos cuya estructura es complementaria, no se puede desarticular sin afectar su esencia, atendiendo solo componentes inocuos. Las apuestas con mayor potencial democratizador están en temas como tierra, lucha contra el narcotráfico, democracia y especialmente, víctimas, y entre más se esfuman las acciones, más difícil será retomar su sentido. Además de defender la implementación integral del Acuerdo, es necesario recordar que éste, es el último año de labores de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, su informe se entregará al país a finales del mes de noviembre. Desde ya, debemos intensificar los esfuerzos para acompañar la producción final y definir las acciones para su apropiación social, éste es un insumo muy importante, pues con la publicación, se abre una nueva fase en la disputa por la verdad de lo vivido en el país en los últimos años y en esa medida, nuestro deber como sociedad civil organizada, es trabajar por su difusión y uso, así como por el cumplimiento de sus recomendaciones. Enfrentar la pandemia requiere medidas urgentes en clave de derechos humanosMuchas personas han vivido la destrucción de su economía familiar como consecuencia del Covid. En medio de la enorme incertidumbre mundial sobre la eficacia de los planes de vacunación y, ante las evidencias de variaciones en la cepa original, Colombia además de presentar altos niveles de contagio y muertes, ha sido errática en el proceso de adquisición de las vacunas, ratificando el déficit de una política seria de salud pública. A esto se suma la negativa a adoptar medidas que posibiliten aliviar la situación de las ciudadanías que cada día se enfrentan al dilema de quedarse en casa para cuidarse o arriesgarse al contagio en el rebusque y la supervivencia. No es solo cuestión de indisciplina, desorden o de conductas poco cívicas; para millones de personas que viven de empleos precarios e informales, la opción de encerrarse es una condena a morir de hambre con sus familias; por lo tanto, es necesario continuar promoviendo, desde las distintas plataformas sociales, la Renta Básica, los Sistemas de Cuidado, la garantía de condiciones de seguridad para prevenir y atender oportunamente el incremento de enfermedades mentales, y la violencia contra las mujeres en los hogares, y que se garanticen las condiciones necesarias para que todos los niños, niñas y jóvenes regresen pronto a la escuela. La defensa de la institucionalidad democráticaLa captura de las instituciones públicas por parte del Centro Democrático, obteniendo mayorías y nombrando sus más cercanos en la Corte Constitucional y en órganos como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría General y la Registraduría no es ni normal ni esperable en un sistema institucional como el que diseñó la Constitución Política del 91, basada en la independencia de los poderes, los controles mutuos, un sistema de pesos y contra pesos y el respeto por sus distintos ámbitos de competencias. Ganar las elecciones significa tener mayorías en el Congreso y por supuesto, ejercer el poder desde la Presidencia, genuina aspiración de cualquier partido político. Pero no es legítimo que con prácticas clientelistas y repartijas burocráticas, controlen todos los órganos del poder público, esto denota una vocación autoritaria y antidemocrática. Este año la defensa de la institucionalidad pública democrática debe estar en nuestra agenda para denunciar y evitar nuevos embates. Otro reto a enfrentar, es el proceso de revocatoria de algunos gobiernos locales como Bogotá y Medellín; este mecanismo de participación, es un derecho ciudadano que se debe garantizar; la figura se establece para revocar aquellos mandatarios que se aparten de manera ostensible del Plan de Desarrollo, aprobado en cada municipio. Pero es necesario evaluar su pertinencia, oportunidad y los intereses que los animan. En este momento parece un poco prematuro evaluar dicho cumplimiento, pues solo llevamos un año de mandato, el cual se ha dado en medio de la situación excepcional e inesperada de la pandemia, que comenzó en marzo del 2020. Ante esto, se requiere, de las organizaciones sociales, un ejercicio fuerte de pedagogía ciudadana sobre los propósitos del control social, de manera que se evite que este instrumento se convierta en dispositivo para sabotear la gobernabilidad, desde plataformas antidemocráticas de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022. Ejercicio pleno de las garantías democráticas en un año preelectoralUna de las expresiones más llamativas de las sociedades políticas contemporáneas, es una especie de estado de campaña electoral permanente. En nuestro caso, no bien había asumido el poder el presidente Iván Duque en 2018, y ya se comenzaban a alinear las fuerzas políticas para las elecciones del 2022. Esta dinámica tendrá mayor fuerza y visibilidad en este año preelectoral. Hay dos elementos centrales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos: primero, que la institucionalidad pública mantenga de manera inequívoca, absoluta neutralidad y transparencia y, dado el proceso de captura del