¿Qué reformó la reforma educativa? Un estudio para Medellín
Este libro analiza los impactos reales de la reforma educativa en Medellín, evaluando si las transformaciones propuestas lograron modificar de fondo el sistema educativo local.
A partir de un enfoque crítico y sustentado en evidencia, el estudio examina aspectos clave como la calidad, la equidad, la gestión institucional y la participación ciudadana en la educación.
La obra revela tensiones entre los discursos de cambio y las prácticas persistentes, así como los límites de las políticas implementadas. Además, plantea reflexiones sobre los desafíos estructurales que aún enfrenta la educación pública en la ciudad.
Dirigido a investigadores, docentes, formuladores de políticas y ciudadanía interesada, este libro es una herramienta fundamental para comprender las dinámicas y efectos de la refomra educartiva.
Versalles abre sus puertas a la inclusión con su carta en braille
El desarrollo de comercios accesibles para las personas con discapacidad permite materializar el derecho que estas personas tienen a acceder en igualdad de condiciones a los espacios y servicios de la ciudad, pudiendo de manera autónoma participar de la vida social de la misma.
¿A quién le importa la Universidad?
Tenemos la convicción de que es necesario seguir sumando fuerzas por la defensa de la educación superior pública, por lo que insistimos en el llamado a rodear la UdeA desde todos los sectores, asumiendo su sostenibilidad como una prioridad en las agendas de incidencia de la sociedad civil.
Curso “Por el Derecho a la Ciudad y al Territorio”: una invitación a transformar Medellín
El curso gratuito “Por el Derecho a la Ciudad y al Territorio”, organizado por Corporación Región, está dirigido a personas vinculadas a organizaciones sociales, redes comunitarias, veedurías ciudadanas o espacios académicos. Será un espacio de reflexión y formación sobre el derecho a la ciudad, participación ciudadana, territorio justo y gestión democrática del espacio urbano.
Las preguntas que deja el falso mar de Medellín
¿Cómo dialoga un proyecto como el Parque Medellín con sus múltiples pistas, piscinas, arena y un simulado mar, con las necesidades reales de la ciudad?
Ni de los combos ni del Gobierno Nacional, la paz urbana es de la ciudadanía
“Construir la paz implica definir, posicionar e implementar una agenda social que posibilite transformaciones territoriales concretas, en la que se priorice la protección de la vida y la integridad física de todas las personas…”
Jóvenes en guerra…con el estigma
En Medellín, como en otros lugares de Latinoamérica, los jóvenes han sido los más afectados por la inequidad y la violencia, pero también han sido el motor de la resistencia.
¡Sin derecho a la participación no hay derecho a la ciudad!
Llamado urgente para que la revisión del POT de Medellín se realice con una amplia participación ciudadana y privilegie los intereses públicos sobre los privados.
¡Sin derecho a la participación no hay derecho a la ciudad!
El actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, aprobado en 2014 para una vigencia de 12 años, establece una visión estratégica de la ciudad y su relación con los demás municipios del Valle de Aburrá, las subregiones del Oriente, el Occidente y el Urabá antioqueño. En el POT se plantean regulaciones y proyecciones relacionadas con el derecho a la vivienda y el hábitat sostenible, los servicios públicos domiciliarios, el mejoramiento integral de barrios, la legalización y regularización urbanística, la gestión del riesgo de desastres, la protección a moradores y la aplicación de instrumentos de financiación, como la participación en plusvalías para llevar a cabo el desarrollo urbano en barrios populares con mayores necesidades físico-espaciales; regulaciones que, si se hubieran implementado, habrían representado un avance significativo en la garantía del derecho a la ciudad. Pero luego de casi 11 años de vigencia, el balance de ejecución del POT es deficitario. Hay un contraste que lo ejemplifica bien: el área ubicada sobre el suelo más plano en los bordes del río Aburrá en su paso por Medellín fue declarado como estratégico por su potencial para el desarrollo inmobiliario y económico. En esa zona, la Alcaldía ha concentrado la mayor parte de su actuación, al punto que todos los macroproyectos de río están formulados y aprobados casi desde el mismo momento en que fue aprobado el POT. Pasa todo lo contrario en el borde urbano rural, donde se ubica el mayor porcentaje de población en condiciones de empobrecimiento y miseria, expuesta además a condiciones de riesgo de desastre. Aunque ha pasado más de una década, en esta zona ni siquiera se han realizado los estudios previos para el diseño de los macroproyectos de borde, y no se ha adelantado ningún Plan de Legalización y Regularización Urbanística, un instrumento necesario para materializar el mejoramiento integral en los barrios populares que más lo necesitan. Mientras tanto, desde casi cualquier punto de la ciudad, se puede observar el acelerado crecimiento informal del borde en el norte, el oriente y el occidente de Medellín, representando una declaración de la acumulación de pobreza, exclusión y segregación territorial. Esa elección de prioridades, además de sus implicaciones clasistas, constituye una evidencia del impacto de una planeación y gestión inadecuada de la ciudad, conservando y profundizando la inequidad territorial, económica, social y política, en una clara negación del derecho a la ciudad. En ese marco se ubica el proceso que, ya con retrasos, debería tomar un impulso este año. La administración de Daniel Quintero tenía la tarea de revisar y ajustar el POT en el mediano plazo. Este es un mecanismo establecido en la regulación sobre ordenamiento territorial que permite actualizar los planes durante su vigencia para tener en consideración los cambios en las dinámicas de poblamiento de las ciudades, uso del suelo, necesidades en materia de servicios públicos, infraestructura de transporte e impacto de macroproyectos. Sin embargo, la alcaldía anterior no cumplió, así que la responsabilidad de adelantar esa revisión recae sobre la actual administración de Federico Gutiérrez. Esto significa que podrían efectuarse cambios en la reglamentación de asuntos tan importantes como la construcción y adecuación del espacio público, redes de servicios públicos, infraestructura de movilidad y otros equipamientos como colegios públicos, centros de salud y unidades deportivas, entre otros. También sería posible que se dieran nuevos lineamientos para la construcción de proyectos de vivienda públicos y privados, usos del suelo y los aprovechamientos y obligaciones urbanísticas. Además, esta revisión y ajuste puede impactar otros asuntos tan significativos como los instrumentos de gestión (de diseño técnico y del sistema institucional y de financiación), y todo lo relacionado con la participación de la ciudadanía en el ordenamiento territorial. En síntesis, se trata de la posibilidad de contar con unas nuevas regulaciones para la transformación del territorio. Este proceso, además de ser una obligación establecida por norma nacional, es una necesidad para la ciudad. Especialmente, si tenemos en cuenta el balance deficitario del POT, y las nuevas problemáticas generadas por asuntos que no podían ser contemplados en 2014, como los efectos territoriales de la crisis social generada por la pandemia o la agudización de fenómenos como la turistificación y la gentrificación. Sin embargo, esta oportunidad para corregir errores y repensar el ordenamiento territorial, se ve amenazada por una propuesta de ruta para la participación ciudadana bastante restringida. Según las respuestas dadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital a diversos derechos de petición que ha recibido, y la información que hasta ahora han entregado desde esta oficina de manera pública, la participación de la ciudadanía se llevará a cabo a través de las Juntas Administradoras Locales. Hasta el momento, la propuesta de Planeación no contempla otros espacios para escuchar las iniciativas y demandas de los diversos colectivos comunitarios interesados en hacer parte de este proceso; lo que limita la participación y reduce las posibilidades de la sociedad civil organizada para realizar control a la revisión y actualización del POT. Por el contrario, quien al parecer sí tiene una alta posibilidad de participar es el sector privado. En agosto de 2023, dos meses antes de las elecciones a la alcaldía, Federico Gutiérrez se reunión con la Junta Directiva de Camacol y recibió un listado de propuesta de ese gremio que incluía, entre otros puntos, iniciativas de renovación urbana, de subsidios para compra de vivienda y la necesidad de adelantar la revisión del POT. En ese momento, Gutiérrez, que pocas semanas después fue elegido alcalde, habló de la importancia de ese gremio y de un “POT de las oportunidades, que facilite la norma”. Hay que recordar, además, que de acuerdo con los reportes de financiación de la campaña de Gutiérrez, los sectores inmobiliarios y de la construcción fueron sus principales aportantes. El riesgo en este caso es que se utilice lo público para apalancar el interés privado, afectando el aprovechamiento de un recurso tan escaso como el suelo, concentrando nuevamente los beneficios del desarrollo en pocas manos, continuando con el abandono de los territorios que más necesitan de la intervención pública y
Los sectores El Pinal y Manantiales por el Derecho a la Ciudad
El Derecho a la Ciudad se debe convertir en el eje central de las políticas públicas de cara a las futuras elecciones de alcaldes en el Área Metropolitana.