Las preguntas que deja el falso mar de Medellín
¿Cómo dialoga un proyecto como el Parque Medellín con sus múltiples pistas, piscinas, arena y un simulado mar, con las necesidades reales de la ciudad?
¡Sin derecho a la participación no hay derecho a la ciudad!
Llamado urgente para que la revisión del POT de Medellín se realice con una amplia participación ciudadana y privilegie los intereses públicos sobre los privados.
¡Sin derecho a la participación no hay derecho a la ciudad!
El actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, aprobado en 2014 para una vigencia de 12 años, establece una visión estratégica de la ciudad y su relación con los demás municipios del Valle de Aburrá, las subregiones del Oriente, el Occidente y el Urabá antioqueño. En el POT se plantean regulaciones y proyecciones relacionadas con el derecho a la vivienda y el hábitat sostenible, los servicios públicos domiciliarios, el mejoramiento integral de barrios, la legalización y regularización urbanística, la gestión del riesgo de desastres, la protección a moradores y la aplicación de instrumentos de financiación, como la participación en plusvalías para llevar a cabo el desarrollo urbano en barrios populares con mayores necesidades físico-espaciales; regulaciones que, si se hubieran implementado, habrían representado un avance significativo en la garantía del derecho a la ciudad. Pero luego de casi 11 años de vigencia, el balance de ejecución del POT es deficitario. Hay un contraste que lo ejemplifica bien: el área ubicada sobre el suelo más plano en los bordes del río Aburrá en su paso por Medellín fue declarado como estratégico por su potencial para el desarrollo inmobiliario y económico. En esa zona, la Alcaldía ha concentrado la mayor parte de su actuación, al punto que todos los macroproyectos de río están formulados y aprobados casi desde el mismo momento en que fue aprobado el POT. Pasa todo lo contrario en el borde urbano rural, donde se ubica el mayor porcentaje de población en condiciones de empobrecimiento y miseria, expuesta además a condiciones de riesgo de desastre. Aunque ha pasado más de una década, en esta zona ni siquiera se han realizado los estudios previos para el diseño de los macroproyectos de borde, y no se ha adelantado ningún Plan de Legalización y Regularización Urbanística, un instrumento necesario para materializar el mejoramiento integral en los barrios populares que más lo necesitan. Mientras tanto, desde casi cualquier punto de la ciudad, se puede observar el acelerado crecimiento informal del borde en el norte, el oriente y el occidente de Medellín, representando una declaración de la acumulación de pobreza, exclusión y segregación territorial. Esa elección de prioridades, además de sus implicaciones clasistas, constituye una evidencia del impacto de una planeación y gestión inadecuada de la ciudad, conservando y profundizando la inequidad territorial, económica, social y política, en una clara negación del derecho a la ciudad. En ese marco se ubica el proceso que, ya con retrasos, debería tomar un impulso este año. La administración de Daniel Quintero tenía la tarea de revisar y ajustar el POT en el mediano plazo. Este es un mecanismo establecido en la regulación sobre ordenamiento territorial que permite actualizar los planes durante su vigencia para tener en consideración los cambios en las dinámicas de poblamiento de las ciudades, uso del suelo, necesidades en materia de servicios públicos, infraestructura de transporte e impacto de macroproyectos. Sin embargo, la alcaldía anterior no cumplió, así que la responsabilidad de adelantar esa revisión recae sobre la actual administración de Federico Gutiérrez. Esto significa que podrían efectuarse cambios en la reglamentación de asuntos tan importantes como la construcción y adecuación del espacio público, redes de servicios públicos, infraestructura de movilidad y otros equipamientos como colegios públicos, centros de salud y unidades deportivas, entre otros. También sería posible que se dieran nuevos lineamientos para la construcción de proyectos de vivienda públicos y privados, usos del suelo y los aprovechamientos y obligaciones urbanísticas. Además, esta revisión y ajuste puede impactar otros asuntos tan significativos como los instrumentos de gestión (de diseño técnico y del sistema institucional y de financiación), y todo lo relacionado con la participación de la ciudadanía en el ordenamiento territorial. En síntesis, se trata de la posibilidad de contar con unas nuevas regulaciones para la transformación del territorio. Este proceso, además de ser una obligación establecida por norma nacional, es una necesidad para la ciudad. Especialmente, si tenemos en cuenta el balance deficitario del POT, y las nuevas problemáticas generadas por asuntos que no podían ser contemplados en 2014, como los efectos territoriales de la crisis social generada por la pandemia o la agudización de fenómenos como la turistificación y la gentrificación. Sin embargo, esta oportunidad para corregir errores y repensar el ordenamiento territorial, se ve amenazada por una propuesta de ruta para la participación ciudadana bastante restringida. Según las respuestas dadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital a diversos derechos de petición que ha recibido, y la información que hasta ahora han entregado desde esta oficina de manera pública, la participación de la ciudadanía se llevará a cabo a través de las Juntas Administradoras Locales. Hasta el momento, la propuesta de Planeación no contempla otros espacios para escuchar las iniciativas y demandas de los diversos colectivos comunitarios interesados en hacer parte de este proceso; lo que limita la participación y reduce las posibilidades de la sociedad civil organizada para realizar control a la revisión y actualización del POT. Por el contrario, quien al parecer sí tiene una alta posibilidad de participar es el sector privado. En agosto de 2023, dos meses antes de las elecciones a la alcaldía, Federico Gutiérrez se reunión con la Junta Directiva de Camacol y recibió un listado de propuesta de ese gremio que incluía, entre otros puntos, iniciativas de renovación urbana, de subsidios para compra de vivienda y la necesidad de adelantar la revisión del POT. En ese momento, Gutiérrez, que pocas semanas después fue elegido alcalde, habló de la importancia de ese gremio y de un “POT de las oportunidades, que facilite la norma”. Hay que recordar, además, que de acuerdo con los reportes de financiación de la campaña de Gutiérrez, los sectores inmobiliarios y de la construcción fueron sus principales aportantes. El riesgo en este caso es que se utilice lo público para apalancar el interés privado, afectando el aprovechamiento de un recurso tan escaso como el suelo, concentrando nuevamente los beneficios del desarrollo en pocas manos, continuando con el abandono de los territorios que más necesitan de la intervención pública y
Los sectores El Pinal y Manantiales por el Derecho a la Ciudad
El Derecho a la Ciudad se debe convertir en el eje central de las políticas públicas de cara a las futuras elecciones de alcaldes en el Área Metropolitana.
Participación y derecho a la ciudad: una cartilla para la lucha colectiva
En un contexto donde la democracia se precariza y las desigualdades se profundizan, la participación emerge como un mecanismo clave para la transformación social. Más que un derecho formal, la participación es una herramienta de lucha que permite disputar lo público, incidir en la toma de decisiones y fortalecer la organización colectiva.
Urbanismo y ordenamiento territorial para una ciudad justa
Por: Luis Fernando González Escobar. Profesor Asociado, Escuela del Hábitat, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
Por el derecho a la vivienda y un hábitat digno para las víctimas de La Primavera, en el municipio de Barbosa
La política de gestión del riesgo implica tomar medidas preventivas, no actuar después del desastre y menos aún, proponer el desalojo sin alternativas, sin la gestión de soluciones definitiva. Por eso la población de La Primavera exige medidas urgentes para atender esta grave situación de vulnerabilidad, no solo por su condición de desplazados y víctimas del conflicto armado, sino, además, por la situación de máxima pobreza en la que se encuentran.
Jornadas por el Derecho a la Ciudad y al Territorio
Con el propósito de comprender los avances y desafíos que plantea el Derecho a la Ciudad en Latinoamérica y la nueva agenda urbana para el Valle de Aburrá, se realizarán las Jornadas Por el Derecho a la Ciudad y al Territorio, del 3 al 5 de abril. De la mano de Lorena Zárate, Presidenta, Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y Henrique Frota, Coordinador Ejecutivo, Instituto Polis (Brasil), Integrantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, actores sociales, comunitarios, académicos y de la institucionalidad pública, de los municipios del Valle de Aburrá, dialogaremos con el objeto de aproximarnos a la noción del Derecho a la Ciudad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las problemáticas con relación a la expansión urbana, los impactos previsibles en los ecosistemas estratégicos urbanos y rurales, la calidad ambiental, la disponibilidad de espacio público y el disfrute efectivo del derecho a la ciudad y al territorio. En 1968 Henri Lefebvre reflexionó por primera vez sobre el derecho a la ciudad. Planteándonos que el modelo económico capitalista afectaba de manera negativa las ciudades, pues las convertía en bienes al servicio de la acumulación de riqueza y se las arrebata a los transeúntes. Hoy esta apreciación resulta muy pertinente, pues es una conducta que persiste en la ciudadanía del Valle de Aburrá, la cual en muchas ocasiones se confina en sus viviendas por temores relacionados con el cumplimiento de sus derechos, medio ambiente y espacio público. Lo que aumenta significativamente el panorama de desigualdades al que nos enfrentamos como región. Pensamos que es necesario que recuperar el derecho a la ciudad y el territorio, desde la movilización comunitaria de manera integral y concienzuda. Por esto planeamos una serie de encuentros para conversar acerca del derecho a la ciudanía y los deberes que tenemos como habitantes de la urbe, parte fundamental de la transformación. Dentro de las actividades previstas en estas jornadas se realizará el Foro: Derecho a la ciudad y Ordenamiento Territorial. Voces locales e Internacionales, el viernes 5 de abril, a las 8:30 a.m. en el auditorio Cultural de la Fundación Diego Echavarría Misas y contará con la participación de Lorena Zárate, Presidenta Coalición Internacional del Hábitat (HIC); Henrique Frota-Plataforma Global por el Derecho a la ciudad. Vinculada a HIC y activada desde el Instituto Polis de Brasil; Oscar Augusto Mejía, Investigador de urbam-Universidad EAFIT; Johanna Vélez Rueda, docente de la Universidad Nacional de Colombia; Diego Aguirre del Departamento Administrativo de Planeación Itagüí; Blanca Nubia Rendón, integrante de la Corporación Región y Gabriel Jaime Noreña, representante de la Junta de Acción Comunal del barrio San Francisco de Itagüí. (Si deseas participar, inscríbete aquí) En la tarde del 5 de abril, se realizará el Panel: Derecho a la ciudad y al territorio: Debates y retos locales e internacionales. El evento comenzará a las 2:00 p.m. en la Universidad de Medellín, bloque 11, auditorio 2. Este espacio contará con la participación de Lorena Zárate, Presidenta Coalición Internacional del Hábitat (HIC); Henrique Frota-Plataforma Global por el Derecho a la ciudad. Vinculada a HIC y activada desde el Instituto Polis de Brasil; Luz Amparo Sánchez, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad y al Trritorio de la Corporación Región; Paula Valencia, docente de la Universidad de Medellín; Cesar Mendoza de la Fundación Sumapaz y Fernando Zapata de la Corporación Convivamos. (Si deseas participar, inscríbete aquí) Para participar de estos espacios solo debes inscribirte aquí: Inscripciones Foro Inscripciones Panel
La mejor esquina: ¿ingenuidad o negligencia?
Dos décadas después de haber formulado una Visión para Antioquia, conviene revisar qué ha pasado en la región y qué tanto avanzamos en la materialización de los ambiciosos atributos con los que engalanamos tal sueño colectivo. Como recordarán, la primera parte de la pregunta que sirve de título a este ensayo, sintetizó el resultado del inédito proceso de construcción social. La disyunción que sigue a los dos puntos resume la opinión del autor. Según tal visión, en el 2020 Antioquia sería “justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza”. Transcurridos veinte años de imaginar ese luminoso futuro, y dibujado tan radiante y promisorio paisaje, los datos disponibles muestran una gran distancia entre el sueño y la realidad. Aunque no abundan los indicadores que den cuenta de tales asuntos, estando incompletas la mayoría de las series de tiempo, si tomamos un período suficientemente amplio, las cifras no son muy auspiciosas. Recientemente se ha reunido evidencia relacionada con los objetivos que nos propusimos alcanzar: La pregunta concluyente que se impone, luego de esta breve descripción de lo que ocurre en el territorio metropolitano y en la región antioqueña, es si fuimos ingenuos en la prospectiva que originó la visión o no hicimos las tareas necesarias para materializar tales atributos. Confeccionamos un verso y nos sentamos a esperar que se hiciera realidad por arte de birlibirloque. Como dicho encantamiento no se hizo carne, henos aquí en una situación muy lejana de la aspiración social que en su momento generó tantas ilusiones. Realizado ese primer ejercicio, abandonamos cualquier preocupación por el futuro y ahora somos una sociedad huérfana de sueños comunes y de propuestas de largo aliento. Muchas lecciones se podrán extraer de este experimento fallido, tanto respecto de las características del proceso que lo originó como del rol que tendríamos que haber jugado individual y colectivamente, para no lamentarnos hoy de tan paupérrimos resultados. Ciertamente no bastaba con soñar un futuro radiante, pues la sola inercia no generaría nunca las modificaciones radicales requeridas en tantos ámbitos del desarrollo territorial. Otro será el lugar y el momento para intentar dilucidar el dilema planteado en el título. Pero, por ahora, queda claro que las altisonantes transformaciones que algunos anunciaron fueron un ruido mediático del que sólo quedan apenas, ecos remotos.